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La falta de una estructura y comprensión del idioma español representa la mayor limitante para las personas indígenas en México. Lo que les ha costado que al menos 8 mil 502 indígenas hayan sido encarceladas injustamente en 2012 al no saber defenderse ante un Ministerio Público, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

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“Porque no tuvieron un traductor en su momento y nada más se dedican a decir ‘sí’ o ‘no’ en su momento y son juzgados porque dieron su declaración y dijeron que sí, se los llevan”, explica Nubia Mayorga, titular del CDI a CNN.

Con el programa de Excarcelación de presos, la CDI ha logrado liberar en lo que va del año a cerca de mil indígenas -de entre 18 y 40 años, analfabetos o solo con estudios de primaria- acusados injustamente y que no pudieron defenderse por no hablar español. Otros no salían por no tener el dinero para pagar la fianza “de entre 5 mil y 12 mil pesos”, comenta la funcionaria.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval) señala que actualmente en México hay 5 millones 100 mil indígenas en situación de pobreza; de esos 2 millones 500 mil están en pobreza extrema.

El programa tiene cobertura nacional a través de las unidades administrativas de la CDI en los estados.

En 2013, el programa tuvo un presupuesto de 26.8 millones de pesos, para el pago de fianzas, otorgar 2 mil 462 asesorías, realizar 26 peritajes y contratar a 259 intérpretes.

No hay un tipo de delito por el que las personas indígenas estén presas con mayor incidencia en particular. Las acusaciones son por delitos tanto del fuero común como del federal, por delitos contra la vida y la integridad física, por delitos patrimoniales, contra la salud o por cuestiones de ataques sexuales, detalla Mayorga.

Este fue el caso de los indígenas nahuas de Puebla José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes en 2012 fueron sentenciados a seis años de cárcel por el robo de una camioneta, del cual no pudieron defenderse por no hablar español.

Tras 10 meses en prisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo que los sacó de prisión y en el que se reconoció que hubo violaciones al debido proceso, ya que no contaron con traductores.

Oaxaca, junto con Chiapas y Guerrero, es uno de los estados en los que la CDI tiene más casos de indígenas encarcelados injustamente.

La titular de la CDI dijo que lo ideal sería que en los Ministerios Públicos hubiera intérpretes pero esto no ocurre. “Hay algunos casos en donde no hace su trabajo quien lo tendría que hacer en la función que le corresponde, en este caso en los Ministerios Públicos. Es muy fácil meterlos a la cárcel, esa injusticia no se puede dar”, dijo Mayorga.

Un caso emblemático es el del maestro Alberto Patishtán, quien fue detenido en el  año 2000 por presuntamente participar en una emboscada en la que murieron siete policías en Chiapas. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) han lamentado las “graves irregularidades” en su juicio.

El pasado 13 de septiembre un tribunal de Chiapas rechazó el recurso presentado por la defensa del profesor de la etnia tzotzil, con lo que se agotaron sus opciones dentro del sistema de justicia mexicano.

“Es motivo de profunda preocupación que el sistema de justicia tome la decisión de ignorar las graves irregularidades del proceso contra Alberto Patishtán y mantenga la negación del derecho a un juicio justo”, expuso AI en un comunicado tras la resolución del juez.

En 2010 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó libertad  por inconsistencias en el proceso a tres mujeres indígenas Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, después de casi cuatro años en prisión.

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